Con el propósito de verificar el correcto uso y destino de los recursos públicos el OFS lleva un avance del 70 por ciento en las auditorías del ejercicio fiscal 2021 en las dependencias de la administración estatal y de los municipios.

La auditora, María Isabel Maldonado Textle, explicó que se tratan de auditorías que han sido aplicadas a los diferentes entes fiscalizables correspondiente al periodo enero-agosto de 2021, es decir corresponde al periodo de las pasadas autoridades tanto estatales como municipales.

Explicó que ello forma parte de las acciones programadas en el Plan Operativo Anual, por lo que el resto de las auditorías estarán concluyendo al término de este ejercicio fiscal, pues también se revisará  si se cumplieron las metas y objetivos.

“Nuestro programa de auditoria está en marcha, estamos en municipios y entidades revisando de enero a agosto, es decir al término de la administración municipal y estatal, llevaremos 70 de las 104”.

La auditora, detalló que las auditorias de las actuales administraciones municipales se iniciarán entre los meses de enero, febrero del próximo año, pues ello forma parte de la segunda etapa que se contempla en el Plan Operativo Anual del OFS.

“Como teníamos estados financieros hasta agosto estamos concluyendo para que en enero febrero concluyamos la segunda parte de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, es decir de estos cuatro meses”.

Maldonado Textle, explicó que las auditorias consisten en materia financiera, de obra pública y las de desempeño, pero dejó en claro que este último rubro está por iniciar y será en los próximos meses cuando se den a conocer los resultados.

Es de citar que de acuerdo a la Ley de Fiscalización, corresponde al OFS realizar las auditorías, conforme al programa anual aprobado. Para la práctica de Auditorías, el OFS solicitará información y documentación durante el desarrollo de las mismas.

Además de verificar que los entes fiscalizables que hubieren captado, recaudado, custodiado, manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, lo hayan realizado conforme a los programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes y con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.