El alza de precio no solo es por escasez o efectos de la pandemia y la guerra; extorsiones, cuotas, derecho de piso que hace el crimen organizado, va con cargo a los consumidores finales.
Marco Antonio Durán Ruvalcaba*


Se informó desde el gobierno que ya se trabajaba en un plan para contener la inflación, después de que los precios al consumidor alcanzaran en la primera quincena de abril 7.72 por ciento y la subyacente 7.16, su mayor nivel en 21 años, es decir desde la primera quincena de 2001.


Si bien los precios se han desbordado y necesariamente hay que tomar medidas radicales, hasta ahora nada indica o se ha comprobado —en otras épocas y diferentes países—, que imponer controles, subsidios, precios de garantía o acuerdos para bajar la inflación, funcionen.


En la década de los 80’s se implementaron algunas medidas en México y lo único que se consiguió fue acaparamiento de productos, un mercado negro, contrabando, distorsión en los precios, carestía y más inflación.
En otra ocasión hemos dicho que lo más seguro es que esta situación derive en una carrera entre los precios y los salarios, en la cual siempre va a ganar la inflación propiciando pérdida de poder adquisitivo del trabajador y el empobrecimiento sistemático de la población.
Banco de México cuenta con las herramientas necesarias para mantener a raya los precios, además tiene el monopolio de crear y retirar dinero; desde luego la autonomía para aplicar las medidas que sean necesarias con el objeto de lograr la contención de la inflación.
Siempre ha funcionado la política monetaria cuando se aplica correctamente.
Por eso, resulta absurda la propuesta del gobierno de intervenir para controlar los precios de los bienes y servicios. Esas son solo medidas populistas, poco prácticas y nada funcionales.
Si de verdad el gobierno tiene la intención de aliviar la presión en la inflación debiera de enfocar sus baterías en otros factores que de igual forma inciden en el alza desmedida de los precios. Me refiero específicamente al crimen organizado.
Los involucrados coinciden en que el impuesto (extorsiones, cuotas, derecho de piso, llámelo como quiera), que cobran los delincuentes es mucho mayor que el alza de los bienes y servicios.
Por ejemplo, hay productos que son de importación como el caso de los cereales y su precio esta en función de los marcadores internacionales, otros productos como limón, aguacate, papaya, naranja, piña, la mayoría de las hortalizas, son fijados en el mercado interno, a través de la oferta y demanda e influidos por la delincuencia.
Paro para dar una idea del costo de la inflación y el crimen organizado: el limón en enero 2021, tenía un precio de 19 pesos, para enero de 2022, andaba sobre 100 pesos kilogramo. No fue una helada atípica, ni escases por falta de producto, la variación de 500 por ciento o cinco veces el valor entre un periodo y otro, se debió a las cuotas que imponen los carteles. Lo mismo pasa con el aguacate en Michoacán y la naranja en Veracruz, las hortalizas en Sinaloa.
Los productos cárnicos como aves, puerco, res, etc., no son la excepción, en su mayoría son de producción nacional pero también de importación y esos depende de los precios en el mundo y de los costos de los forrajes que también se compran el exterior.
En el caso de bienes durables como: calzado, ropa, autos, enseres domésticos, electrónicos y eléctricos, en su mayoría son elaborados en el país, pero con un alto contenido de insumos importados (bienes intermedios), en ese caso el productor fija su precio en el mercado interno pero sus componentes definen el valor porque se pagan en dólares.
Desde luego existe conciencia que el alza en los precios externos y de importación se debe a lo que pasa en el mundo con el rompimiento de las cadenas de suministros, primero por la pandemia COVID 19 y luego por la guerra que sostienen Rusia y Ucrania, pero que ha extendido su efecto por las sanciones de los países de la OTAN a Rusia.
Sin embargo, hace unos días trascendió que hubo una reunión encabezada por el Secretario de Hacienda, Ramírez de la O y de Economía, Tatiana Clouthier, con algunos empresarios a los que se les pidió hacer una especie de pacto, llamado: “Programa para Combatir la Inflación” PACIC, en el cual se solicito mantener estables por lo menos 24 artículos de la canasta básica: los más importantes por supuesto: pan, tortilla, huevo, pollo, frijol, aceite, hortalizas, cereales, granos, frutos, etc.
A cambio el gobierno ofreció algunos incentivos fiscales, apoyos en combustible y otras prebendas. Todas las medidas tienen un costo, algunas son de corto y otras de largo plazo. Solo son transferencias o subsidios a la población, es decir que una parte de ese precio lo pagará el estado hoy para después convertirlo en deuda o mediante el recorte al gasto en educación, infraestructura, salud  o seguridad.  
El gobierno invitó a representantes de Walmart, Soriana, Chedraui, Comercial Mexicana y otras tiendas de conveniencia. También a grandes productores de alimentos como: Bimbo, Lala, Coca Cola, etc.
El problema para estos grandes productores de alimentos bienes y servicios son la escasa o nula ganancia que obtienen por las mercancías que venden. Tan solo los 24 productos que pide el gobierno mantengan su precio han subido en promedio un 19 por ciento en lo que va del año, lo que los deja sin margen de maniobra.
Por si no fuera suficiente, tienen que lidiar con el robo hormiga en tiendas, el pago de seguridad privada y tecnología que implementan para cuidarse de los farderos; es costo que inevitablemente tendrá que ser trasladar al consumidor final.
En el caso de los productores, se lucha con las mafias o los carteles que le impiden cosechar, el aguacate, el limón, los frutos, las hortalizas. Son derechos de piso por dejarlos trabajar que van del 5 y hasta el 50 por ciento del valor de cada tonelada que levantan o trasladan.
Si logran recoger la producción, tienen que agregar a sus costos la extorsión de los grupos delictivos (Cartel Jalisco Nueva Generación o Guerreros Unidos), para el caso de Michoacán, pero lo mismo sucede en el Bajío, el norte con el ganado o sureste del país.
El panorama se complica toda vez que los transportistas se quejan de pagar derechos por circular en carreteras para no ser robados, costos de seguros, seguridad privada, de lo contrario asumen pérdidas que también son trasladadas a los consumidores.
Lo mismo con el transporte que embarcan las mercancías extranjeras que llegan a los puertos. Tienen que pagar seguridad privada que los acompaña en carreteras, con cargo obviamente a los consumidores. Y si es en tren sucede que pierden el producto por los constantes robos o bien delincuentes que descarrilan el ferrocarril, pero también está la toma de vías por parte de maestros.
En el sector servicios, los prestadores, como líneas de camiones, hoteles, restaurantes, bares, y hasta mercados, se quejan de las extorsiones permanentes para dejarlos operar. Nadie se salva. La delincuencia es en si mismo la que mas contribuye con la inflación.
¿Hasta cuando se considerará a la delincuencia como parte importante en la inflación?
*Maestro y Doctor en Ciencias económicas por el IPN y la Universidad Autónoma Chapingo; es profesor investigador, coautor de los libros: Los depredadores, Plantea, 2017 y Análisis de la Macroeconomía y del Sector Externo de México, Universidad de Humboldt, Alemania; Complutense, Madrid, España, 2018. Ha escrito infinidad de artículos para revistas especializadas, miembro del SNI. Correo electrónico mardur6@hotmail.com