Marco Antonio Durán Ruvalcaba*

Durante la aprobación de la miscelánea fiscal 2022, que se votaría el martes de la semana pasada como parte del paquete económico, terminó en tremenda trifulca con gritos, empujones y golpes entre legisladores de los diferentes partidos políticos.

El debate se centró en tres puntos fundamentales: la deducibilidad de impuestos por aportaciones a organizaciones de la sociedad civil (OSC), deducibilidad de impuestos sobre las aportaciones personales —ahorros— alas Afores, interés sobre hipotecas, funerales y seguros de gastos médicos, además de la implementación obligatoria del Registro Federal de Causantes (RFC), a toda persona mayor de 18 años.

Lo que encendió los ánimos entre legisladores, fue la deducibilidad de impuestos a instituciones y “quizás” con alguna razón, pues si eso se aprueba, las organizacionesciviles que reciben donativos se verían seriamente afectadas,aunque lo niegue el SAT y el Presidente.

Instituciones que apoyan a mujeres con cáncer o albergues para mujeres violentadas, las que apoyan a niños enfermos, en situación de calle, las que colabora para ayudar a personas mayores, etc., sufrirían las consecuencias.

Asociaciones civiles que se dedican a supervisar las acciones del gobierno, las que escrutan como se ejerce el dinero de los contribuyentes, también serán castigadas, o tal vez el gobierno ha decidido que no quiere criticas y que el tiene el monopolio de decidir si los recursos son bien o mal utilizados.

Un ejemplo es la Diputada transgénero del partido dominantes en la Cámara, María Clemente García, quien pidió empatía para la OSC; reconoció que era portadora de VIH y de no haber sido por esas instituciones no podría haber sobrevivido. De igual forma la Diputadas del PRI, Norma Angélica Aceves, con problemas de movilidad.

Sin embargo, la baja estatura política de los legisladores,demostró que no están a la altura de lo que la sociedad exige, que los golpes están por encima del dialogo, porque desconocen el arte de la negociación y los acuerdos.

Aparte del desconocimiento, están las prisas, el desinterés por leer los temas a tratar en cada sesión, la falta de vocación de servicio y hasta la baja escolaridad de la mayoría de legisladores, lo cual propicia que no reconozca las propuestas del ejecutivo y el mandato constitucional.

La ley exige que el presupuesto (Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos), sean enviados al Cámara de Diputados a más tardar el 8 de septiembre y la fecha límite para su aprobación, es el 20 de octubre a las 12 de la noche.

No obstante, todo se deja al último minuto, de tal forma la Constitución es violentada, no se cumple: “se para el reloj legislativo”, —dicen ellos— para poder acomodar lo que faltó.

Pero no todo es tan malo o bueno. Hay que entender primero lo que es la Ley de Ingresos, lo que en ella se formula y la exposición de motivos.

De acuerdo con la miscelánea fiscal elaborado por la Secretaría de Hacienda, las donaciones para deducirse entre personas morales (empresas) no tienen límite, no así para las personas físicas, las cuales tienen un tope para deducir de hasta 30 mil pesos, el dilema es que tendrán que elegir entre deducir una donación a una organización de la sociedad civil o deducir los intereses de su hipoteca, su seguro de gastos médicos, ahorros extraordinarios a su cuenta de retiro o algún funeral. En el mejor de los casos dividir sus aportaciones.

El argumento que esgrime el Sistema de Administración Tributaria (SAT), es que no es una política recaudatoria, sino más bien se trata de evitar que se hagan donaciones que a veces no son y por las cuales se les extienden un comprobante fiscal.

Raquel Buenrostro, encargada del SAT, señala que 96% de las personas fiscas que donan lo hacen por debajo de 30 mil pesos y no piden comprobante, en tanto que 4% lo hace por un monto mayor, pero son ellos los que obtienen comprobantes fiscales de la OSC por cantidades mayores para deducir y es a ellos a quienes va dirigida la medida.

El tema que también fue parte del álgido debate fue la obligación de mayores de 18 años para obtener su RFC. El principio es muy simple, según la autoridad, crear una cultura de la tributación, es decir, que, llegando a la mayoría de edad, sean contribuyentes cautivos.

Y es que razones sobran, los datos demuestran que 6 de cada 10 personas de la población en edad productiva esta en la informalidad y que 60 por ciento de la economía está en el mercado subterráneo.

Un dato duro, es que el 30 por ciento que esta en la informalidad contribuye con 75 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y que el 60 por ciento que esta en la informalidad apenas aporta el 28 por ciento del valor de la economía.

Uno de los argumentos para aumentar los ingresos y eliminar condonaciones, estados de excepción, regímenes especiales o la deducibilidad, es la baja recaudación que tiene México; cifras oficiales revelan que los impuestos totales recolectados en el país, apenas representan el 16.5% como porcentaje del PIB.

Pero, si se quitaran los impuestos que aporta Pemex por la venta de petróleo y productos petroleros, estos no llegarían al 10 del valor de la economía.

De forma más detallada significa que:  cada mexicano en promedio paga 1,650 dólares en impuestos al año, es decir, unos 33 mil pesos anuales. 

Para dar una idea y ya que nos gusta tanto compararnos en el mundo, en Noruega cada persona paga unos 37 mil 700 dólares anuales, algo así como 754 mil pesos, pero para compararnos con una economía similar, en Turquía se paga el doble unos 3 mil dólares, que equivalen a 60 mil pesos.

Cuando le digan que quiere un país como Noruega piénselo mucho, pues para llegar a ese nivel primero es necesario pagar impuestos y luego exigir derechos. Para no tener políticos mediocres, es necesario pagara mas para elevara el nivel de educación y su nivel de debate.