Por Norberto Méndez

Hasta el momento no existe un arta de evaluación del desempeño de los trabajadores sindicalizados, en específico del 7 de mayo que tiene presencia en Poderes, Municipios y organismos descentralizados.

No en todos, pero si en muchos de los casos prevalece una mala actitud con quienes ofrecen atención al público, no hay opción de que ayuden a resolver dudas o agilizar trámites, no responden el saludo, ni voltean a ver a la gente.

Y estás conductas inapropiadas para el servicio público ocurren porque están convencidos de que son inamovibles, porque ya compraron una plaza y creen que eso les da el derecho de ser hostiles, habría que evaluarlos objetivamente y si no cumplen que se vayan.

Hay justicia en pedir certeza y seguridad en los derechos laborales, todos deberíamos gozar de servicio médico, pago de medicamentos, estímulos, vacaciones y tener un retiro asegurado, pero para pedir hay que dar.

Gran parte de la plantilla del 7 de mayo ha perdido el espíritu de servicio y los ayuntamientos están reaccionando a ello con restricciones a sus “derechos” porque ya son impagables. 

La dirigencia estatal del Sindicato 7 de Mayo -que ni sufre ni se acongoja porque tiene seguro el cobro de cada quincena así como las “aportaciones” de sus agremiados- se ve obligada a levantar la voz y amenazar con huelgas porque no han logrado acuerdos tersos.

Esto viene a mención porque hay municipios que están teniendo conflicto con las autoridades del Ayuntamiento, que no están cediendo a los chantajes del sindicato.

Por cierto, ese es el caso de Huamantla, que no se va a dejar hacer manita de puerco y va con todo para salvar las finanzas del municipio, el alcalde tomó medidas definitivas que seguramente le atraerán litigios, pues optó por recortar la plantilla de sindicalizados.

Una decisión radical pero buena si le preguntan a los ciudadanos; por lo pronto ya se quitó de encima una carga financiera y sobre todo depuró personal que era innecesario o no cumplía su función.