Preocupa que ante la falta de más dinero se recurra a tomar los recursos de los trabajadores en las AFORES

Marco Antonio Durán Ruvalcaba*

El miércoles de la semana pasada en una acción fast track, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa presentada por el partido Morena, para confiscar los ahorros de los mexicanos que por tres años no hayan movido sus cuentas bancarias y después la prelación de otros tres años.

Ojo, son cuentas sin movimiento y estos cambios solo son al párrafo cuarto del articulo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Se trata de una apropiación, robo o despojo, llame o califique al acto como quiera. Lo que es un hecho y al entender de los expertos, es un abuso, una ilegalidad y trasgresión a los derechos más elementales sobre la propiedad privada consagrados en la Constitución.

La minuta inicial del proyecto, especificaba que ese dinero se destinaría al noble propósito de reforzar las instituciones de seguridad pública, sin embargo, al final se decidió que los recursos se distribuyeran de manera tripartita, es decir, 45% para la federación con el fin de combatir al crimen organizado, 30% a las entidades y 25% a municipios.

Seguridad que, por supuesto no existe, lo que hay es un exceso de inseguridad provocado por este gobierno y sus argumentos de abrazos no balazos. Sin embargo, los recursos destinados a la seguridad se etiquetaron de manera específica para equipamiento, de las policías; recursos necesarios para infraestructura y material táctico o aditamentos complementarios como uniformes, y calzado.

Según cálculos el monto de estos recursos oscila entre 10 mil y 75 millones de pesos, aunque no hay una cifra oficial porque ni siquiera existe reportes de los bancos, son pasivos que no se expresan en los estados financieros. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que tiene conocimiento de ese dinero estima que ascienden a unos 21 mil millones de pesos y las cuentas son manejadas por los bancos y la Secretaría de Salud.

La justificación de recurrir al embargo del dinero, dijeron los legisladores se fundamenta en que los recursos en muchos casos provienen del crimen organizado y son abandonados en instituciones financieras.

Otra escusa, para el aprovechamiento de esos ahorros fue: los bancos no usan o dan cuentas de los recursos y beneficios que obtienen por las cuentas inactivas en su poder. Y es que, aunque el dinero pasa a los tres años a la cuenta global, se sigue utilizando para préstamos y obtener beneficios por los intereses que genera, sin que el banco lo reporte.

No obstante, los argumentos esgrimidos por los Diputados sobre su procedencia no son comprobables, incluso se rechaza y sugiere que tienen otro origen por ejemplo de trabajadores o adultos mayores que han dejado el dinero para su pensión o ahorros para algún otro proyecto o enfermedad.

Personas que migraron y que no están en el país, o bien individuos que tienen algún ahorro para eventualidades futuras, quizás padres que ahorran y dejan el dinero por largo tiempo para la universidad de sus hijos, etc.

Testimonios sobran: La señora Atlanta Sánchez platicó que cuando sus hijos nacieron su abuelo les regaló dinero en inversiones, ese dinero no se tocó hasta que empezaron sus estudios superiores.

Ambición desmedida; nada nuevo

Nada es nuevo en la materia pues este mecanismo está en vigencia de hace 15 años y está regulado en el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, la cual establece que los recursos que no sean reclamados o, que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros y, después de que se haya dado aviso por escrito, pasarán a una cuenta global o concentradora del banco.

Vale decir que es necesario que haya movimiento de depósito o retiro, pedir saldo o abono de interés de la inversión no se consideran movimientos por las autoridades.

También la Ley establece que posteriormente si en los siguientes tres años, es decir un total de seis no sufre movimiento alguno, entonces dejarán la cuenta concentradora y pasarán a la beneficencia pública y ya no podrá recuperarse el dinero.

Explica que cuando el importe no exceda por cuenta, al equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública.

Pero con las modificaciones hechas la semana pasada, se señala que: «cuando cuyo importe no exceda por cuenta al equivalente a quinientas cuarenta UMA», es decir 540 x $96.22 = 51,958.80 equivalente entonces no se podrá tocar el dinero.

Implica entonces que su objetivo son ahorradores pequeños, que no pueden costearse pelear contra el gobierno. En ese sentido Ignacio Mier, líder de los Diputados de Morena, aseguró que los ahorros que rebasen los diez millones de pesos tienen garantizado su reclamo.

Resultan preocupantes los cambios, la sensación que da este gobierno con esas medidas es que es insaciable con el dinero y trata de obtener de donde sea recursos.

Ha terminado con la mayoría de los fideicomisos que había y que ha destinado a obras faraónicas: tren maya y Dos bocas, pero, sobre todo, medidas populistas a través de programas sociales. Se calcula que ha gastado de esos fideicomisos unos 700,000,000,000 de pesos.

Fondo contra desastres, prevención de destares, fondo minero, fondo de educación, fondo de infraestructura, fondo Rural, fondo al deporte, fondo al cine, fondo a PYMES, fondo metropolitano. Por lo menos 109 fondos se extinguieron el año pasado. El último que esta por cerrarse es el FONSABI, que era un fideicomiso con fondos para enfermedades de alto costo y financiamiento de infraestructura hospitalaria, el cual tenía más de 103 mil millones de pesos.

No deja de ser alarmante la medida; porque el temor es que, en una de esas, quiera el dinero de los trabajadores, en concreto los recursos de la AFORES.

De hecho, ha expresado en diversas ocasiones que los utilizará para rescatar a PEMEX y CFE, y contar con recursos para los proyectos “insignia”.

El espacio fiscal se ha agotado y no hay dinero para el pago de pensiones para los adultos mayores, ni otros programas clientelares. Tampoco hay recursos para el sector salud, educación y seguridad.

Conviene señalar que para el 60% de quienes tienen una cuenta Afore, su ahorro es su mayor patrimonio después de su auto. Para el 40% es su mayor patrimonio después de su vivienda.

Hoy en día, la quinta parte de la deuda pública (10% del PIB) está en manos de las Afore, es decir los trabajadores. Los activos de las Afores rondan los 5 billones de pesos.

Y digo esto porque una diputada del Partido del Trabajo ha sometido una iniciativa para modificar el artículo 251 de la Ley del ISSSTE para que las cuentas individuales del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada, por vejez, prescriban en favor de la institución después de 10 años de que sean exigibles una vez que se haya hecho la notificación.

*Maestro y Doctor en Ciencias económicas por el IPN y la Universidad Autónoma Chapingo; es profesor investigador, coautor de los libros: Los depredadores, Plantea, 2017 y Análisis de la Macroeconomía y del Sector Externo de México, Universidad de Humboldt, Alemania; Complutense, Madrid, España, 2018. Ha escrito infinidad de artículos para revistas especializadas, miembro del SNI. Correo electrónico mardur6@hotmail.com