Por Norberto Méndez

Cero y van dos, del amplio repertorio que se tiene de aspirantes para ser candidatos a presidente municipal de Santa Ana Chiautempan dos no llegarán a esa nominación, se quedaron en el camino.

Me refiero a Nicolás Gutiérrez de Casa y a Jakqueline Ordoñez Brasdefer. Hasta hace unos días se hablaba de ellos en las charlas de consumo político que tanto les gusta a los santaneros cuando se avecina una elección, al abordar el tema de los “posibles” aspirantes sus nombres salían a relucir, los comentarios a favor o en contra obviamente también surgían.

Pero aunque se siga hablando de ellos ya no están en el panorama de los candidateables porque en ambos casos la ley no se los permite.

En el caso de Nicolás Gutiérrez, el Tribunal Electoral de Tlaxcala emitió una resolución donde se determinó que el exsecretario del Ayuntamiento de Chiautempan cometió violecia política en contra de Elliuth Hernández Cortés, quien fue presidenta de comunidad de Xaxala en la pasada administración municipal.

Por ello, los magistrados instruyeron que Nicolás y el exalcalde deberán ser inscritos por dos años al Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, situación prevista en las recientes reformas de la denominada 3 de 3, que impide a los agresores, en este caso, de violencia política, ocupar un puesto público o contender por un cargo de elección popular.

La resolución del Tribunal cayó bien en sectores que conocen la forma de conducirse del ex funcionario, quien se ha ganado a pulso un pésimo prestigio, karma le dicen.

Vayamos al otro caso, a Jakqueline Ordoñez Brasdefer se le fueron los tiempos, porque la ley establece que si aspiraba a ser candidata necesitaba renunciar al cargo de presidenta de la CEDH un año antes de la elección, cosa que no ocurrió, por ahí dicen que no recibió el SI de Palacio de Gobierno.

La Constitución Política del Estado indica en su artículo 89 que no podrán ser integrantes del Ayuntamiento (que son presidente, síndico y regidores) los titulares de los órganos públicos autónomos, y que cesará la prevención si el interesado se separa de las funciones o del cargo por lo menos un año antes del día de la elección.

La presidenta de Derechos Humanos de Tlaxcala tampoco puede ser candidata a diputada local o federal, por la misma razón.

Así que ambos personajes, muy protagónicos por cierto, han quedado eliminados.