Se han gastado 575 mil mdp para contener la inflación, nada se logró pero se benefició a los más ricos. Pese al deterioro del poder de compra de la población, nadie habla de aumento al salario

Marco Antonio Durán Ruvalcaba*

Para tratar de contener la inflación en lo que va del año, se difundió la semana pasada que el despilfarro del gobierno ha salido a los mexicanos en unos 574.6 mil millones de pesos, algo así como el dos por ciento del valor de la economía.

El gasto y pérdida fiscal en los últimos seis meses se hizo mediante subsidios a energéticos, medidas de apoyo al campo, programas sociales, precios de garantía, congelamiento en cuotas carreteras y un sin número de medidas populistas y asistencialistas que se usan para evitar un costo político, pero que sacrifican futuro de la población.

Prueba de ello es que nada ha impedido que la inflación continúe en ascenso, de hecho, a tres meses de haberse firmado el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), pocos o ningún resultado han dado, pues apenas unos siete de los 24 productos incluidos en esta canasta han estado por debajo del valor de la inflación, los demás duplican o triplican el valor.

El alza en el precio de los alimentos y bebidas, por ejemplo, es cercana al 15 por ciento en los últimos 12 meses y lo que va del sexenio —43 meses— la inflación en alimentos es de 32 por ciento. Si se revisa de manera individual cada producto en el mismo periodo: el pollo ha subido 70%, carne de puerco 50%, arroz 70%, bistec de res 45%, bolillo 30%, sopa de pasta 80%, huevo blanco 170%, jabón de lavandería 90%, leche 60%. La lista es larga y los precios inalcanzables.

La pregunta que surge cuando uno ve la creciente inflación es: ¿Por qué no hay aumento a los salarios?, nadie se ha preocupado, ni siquiera el gobierno —que dice primero los pobres— por exigir que haya un resarcimiento del poder adquisitivo de los trabajadores.

Por lo menos una reunión de emergencia entre los sectores empresarial, gobierno y representantes de los trabajadores (sindicatos), para discutir la situación.

Hoy la verdad es que no se habla del tema, pereciera que no sucede nada. Cuando se toca el problema de la cada vez más precaria y difícil situación de las familias mexicanas, inmediatamente surge la critica desde el gobierno. Que si los aspiracionistas, que un pantalón y unos zapatos son suficientes, la política de austeridad, la pobreza franciscana y otras barbaridades. 

Pero, la medida no es la misma para todos: legisladores, políticos y funcionarios públicos se despachan con salarios ofensivos, tal es el caso de algunos senadores que entre dietas, subvenciones, asesores y gasto por cargos honorarios cobran hasta un millón de pesos mensuales; mientras que, por otro lado, 61 por ciento de los hogares en México no cuentan con los alimentos suficientes, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud Pública y Nutrición (Ensanut)

El documento además expone que 35 por ciento de la población está en inseguridad alimentaria leve, pero de alguna forma tienen preocupación por el acceso a los alimentos y sacrifican la calidad de su dieta; el 16 por ciento restringe la cantidad de alimentos que consume y un 10 por ciento que está en situación severa, omiten alguna comida o dejan de comer hasta por un día.

Sin embargo, hoy no se trata solo de revisar el aumento en la inflación, se trata también en esta ocasión de analizar el gasto inocuo que ha hecho este gobierno para frenar el alza en los precios.

Desde luego, los subsidio que pudieron haberse utilizado de mejor manera. Por ejemplo, apoyos directos a la población más vulnerable, respaldo económico a empresas para elevar la productividad y fomento al empleo para mejorar el ingreso, entre muchos otros.

El haber utilizado más de 500 mil millones de pesos — 430 mil millones en el subsidio a gasolinas y 73 mil millones en electricidad— en apoyos, es ya un escándalo y una preocupación.

Y es que, ambos son un subsidio regresivo considerando que es un estímulo para las personas de mayores recursos económicos, el dinero que se ha dejado de recibir por el Impuesto Especial a Producto s y Servicios (IEPS), a las gasolinas ha favorecido a los más ricos que son quienes realmente usan el automóvil, porque el pobre no tiene transporte propio.

Para entender mejor déjeme explicar: el decil X, es decir el 10 por ciento más rico en México aporta casi una tercera parte de lo que se recauda por impuestos a las gasolinas, en tanto que el decil I o 10 por ciento más pobre apenas aporta el 2.4 por ciento.

De la misma forma los subsidios a la electricidad sirven eventualmente para los que usan en sus casas aparatos de refrigeración o calefacción, es decir personas con altos ingresos. Los de bajos recursos utilizan el soplador para enfriar o carbón para calentar.

Una máxima de la Política Fiscal en el mundo, dice que los recursos tributarios tienen la finalidad de redistribuir el ingreso, de hacer una sociedad más igualitaria. Significa entonces que los impuestos debieran de servir para apoyar a quienes menos tienen, pero para este gobierno es todo lo contrario.

Por increíble que parezca, el dinero no se usa en salud pública, educación o infraestructura. Se ha insistido en la necesidad de comprar medicamentos, crear centros de salud, infraestructura carreteras, escuelas, puertos, aeropuertos, etc., pero nada de eso se ha hecho.

Aquí se ha comentado que la mejor inversión que puede hacer un gobierno es la educación por que el conocimiento es el activo mas grande de una sociedad en el largo plazo y si no lo cree solo hay que voltear a ver a los países asiáticos; Japón, China, Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Vietnam, etc. que han apostado al desarrollo a través de una población educada.

La salud y medidas preventivas son también una inversión importante porque una población saludable ahorra mucho dinero en tratamientos, cirugías, medicamentos y atención hospitalaria, incrementa la vida promedio de su población; en México por ejemplo es de 76 años y si se es diabético 10 años menos, mientras que en Japón la vida promedio de su población es de 92 años.

La inversión en infraestructura; carreteras, puentes, puertos, tecnología, escuelas, hospitales, aeropuertos, vías férreas, casa habitación, transporte público, es lo que refleja en el largo pazo el bienestar social. Contar con amplias avenidas, calles ordenadas y sin baches, centros deportivos, casas de asistencia, agencias de justicia, patrullas, da mejor calidad de vida a las personas, pero sobre todo seguridad.

Basta decir por ejemplo que el nuevo aeropuerto que se tenía planeado en Texcoco (AICM) se canceló por ser caro; su costo se estimó entre 300 y 350 mil millones de pesos. Los subsidios a la gasolina tan solo en los que va del año es por 430 mil millones, casi cien mil millones más.

Un lugar que, de estar funcionando hoy, podría haber dejado una derrama económica mucho mayor y un beneficio social inmenso. Un Hub que tendría una categoría uno, conexiones para todo el continente, flujo de pasajeros enorme, carga comercial exprés, en fin. Juzgue usted el error.

Otro ejemplo son los 200 mil millones de pesos que gastó este gobierno en el primer semestre para impulsar sus siete programas sociales prioritarios, o bien los 130 mil millones en el programa de pensión universal para adultos mayores. Juntos representan el 58 por ciento de lo que se ocupó para subsidiar la inflación.

*Maestro y Doctor en Ciencias económicas por el IPN y la Universidad Autónoma Chapingo; es profesor investigador, coautor de los libros: Los depredadores, Plantea, 2017 y Análisis de la Macroeconomía y del Sector Externo de México, Universidad de Humboldt, Alemania; Complutense, Madrid, España, 2018. Ha escrito infinidad de artículos para revistas especializadas, miembro del SNI. Correo electrónico mardur6@hotmail.com