La nacionalización del litio por mucho está lejos de ser la expropiación petrolera de 1938; se asemeja más a la nacionalización del Uranio en 1979 por José López Portillo


Marco Antonio Durán Ruvalcaba*


Por más que se intente exaltar las bondades y beneficios que traerá a la población la nacionalización del litio, hay que entender que esto no es la expropiación petrolera, no hubo el fervor nacionalista de aquella época, en donde la gente de forma solidaria con el General Lázaro Cárdenas del Rio salió a la calle a ofrecer gallinas, puercos, ahorros y toda clase de bienes para liquidar a los extranjeros lo que se esperaba fuera la salvación del país.


A decir verdad, este episodio se asemeja más al que sucedió a mitad del sexenio de José López Portillo, que bajo la excitación que provocaba la industria nuclear, para producción de energías e impedir el desperdicio de los energéticos provenientes del petróleo, se nacionalizó el Uranio.


Con ese fin se creó en 1979 la empresa URAMEX. La encomienda fue diseñar una actividad para alcanzar las metas del sector industrial, particularmente al programa nucleoeléctrico establecido en el Sistema Nacional de Planeación.
Sin embargo, solo 5 años fueron suficientes, hasta que la nueva Ley Reglamentaria del Art 27 Constitucional en materia Nuclear ordenó su liquidación. (DOF 4/02/1985)


Y es que después del revés que sufrió el presidente y su gobierno con la Reforma Eléctrica tras el rechazo de la oposición en el Congreso, se aprobó la nueva Ley Minera cuyo propósito es proteger el litio; un mineral estratégico para la nación.
Por la alta demanda mundial para el uso de nuevas tecnologías, pero sobre todo de utilidad en la industria, automotriz, eléctrica y electrónica, al mismo tiempo que se discutía en la Cámara de Diputados la reforma eléctrica y previendo la derrota, Andrés Manuel López Obrador, decidió enviar la nueva Ley.


Quizás en un intento de querer emular la expropiación petrolera de 1938, el Presidente declaró la nacionalización del litio bajo el argumento de ser un bien estratégico para el futuro energético del país.


Una ley innecesaria para muchos, considerando que el Artículo 27 constitucional en su párrafo cuarto establece: “Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que, en vetas, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria”.


No obstante, el objetivo directo era revocar las concesiones actuales y que solo el Estado pueda extraer, procesar, industrializar y comercializar el producto. Una situación similar al petróleo.


Sin considerar por supuesto, que la Reforma Energética que se llevó a cabo en el sexenio pasado, prevé la extracción de petróleo utilizando contratos “público-privados“ o rondas para su exploración y explotación, evitando con ello que el gobierno haga inversiones innecesarias. Se deja en manos de particulares, en el entendido de que por cada yacimiento encontrado se otorga un porcentaje, lo mismo que por la explotación, obteniendo altas utilidades sin asumir riesgos.


Lo mismo pudiera ocurrir con el litio, pero la explotación del metal se reservó de forma exclusiva para el gobierno, la idea es tener el control absoluto; no compartir con nadie los beneficios que deja este valioso recurso natural. No es mala estrategia, pero a diferencia de lo que sucedió hace 86 años con la expropiación del petróleo es que las empresas extranjeras contaban con infraestructura para su extracción, refinación, logística de transporte, almacenamiento y comercialización.


Lo que se hizo con el litio es nacionalizar no una industria sino solo el recurso natural, aún no existe infraestructura para su explotación y menos tecnología para su industrialización; los yacimientos hasta ahora encontrados son superficiales. El tiempo mínimo de maduración de un proyecto minero para extraer litio es de 10 años.


En la actualidad solo existe una concesión de este mineral, es el más grande y está en el municipio de Bacadéhuachi, Sonora. La explotación está a cargo de una empresa canadiense propiedad de Bacanora Lithium, la cual opera desde 2018 y ahora de la mano Ganfeng Lithium, de China.


Si bien la nueva Ley Minera considera la creación de una presa —tipo Pemex—, el desafío es invertir lo suficiente en el desarrollo de esta industria, de lo contrario se corre el riesgo de que el proyecto sea limitado para el litio o que se venda como el petróleo sin procesar. México no tiene capacidad de fabricación de células o componentes ni de reciclaje.


Para poner en perspectiva lo que significa el litio también conocido como “oro blanco” o “petróleo blanco”, es un mineral que ha tenido su mayor demanda a partir del éxito mundial en el uso y construcción de baterías para automóviles eléctricos, teléfonos móviles y computadoras. Además, sirve en elaboración de cerámica, lubricantes, polímeros y purificación de aire, etc.


Es una industria poco sustentable, expertos aseguran que la extracción es altamente contaminante y costosa. Razón por la cual su empleo en baterías para vehículos eléctricos es controvertido; el costo ambiental es mayor al de un automotor de combustión interna.


México en este momento no se encuentra siquiera en el top de países importantes en la producción. De acuerdo con Geological Survey en 2019 los países con una mayor producción están: Australia 42 mil toneladas; Chile 18 mil; China 7 mil 500; Argentina 6 mil 400; Portugal mil 200; Namibia 500; Brasil 300 y Canadá 200.


En cuanto a reservas, Australia 62 millones de toneladas, seguido de Chile con 8 millones 600 mil; Argentina un millón 700 mil; China un millón; Estados Unidos 630 mil; Canadá 370 mil.


Investigaciones serias aseguran que México cuenta con un gran potencial en producción y reservas, lo cual lo pudiera ubicar hasta en un quinto lugar en el ranking global; eso depende que tanto se impulse el desarrollo del sector, condiciones del mercado y rapidez con que se actúe.


Por ahora el nuevo proyecto se encuentra sin presupuesto, debido que no está contemplado en el gasto público, no hay asignación alguna, por lo que el desarrollo se antoja lento, tanto que pudiera quedar solo en deseos. Además ya hay alternativas más eficientes como el sodio que sustituye al litio en la construcción de baterías.


Bolivia, un caso que debe servir de experiencia. “Después de 15 años de haber expropiado el litio y una inversión de mil millones de dólares, no ha servido para impulsar su economía y menos sacar de la pobreza a su población”. “Justo Zapata Quiroz, investigado de la Universidad Mayor de San Andrés, en la Paz, señala: una cosa es poseer la materia prima y otra el fabricar baterías para el mundo; hay una distancia grande que necesita de tecnología y personas educadas”. (Cruz Antimio; 2022), dossier político, Crónica: https://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=264261 


*Maestro y Doctor en Ciencias económicas por el IPN y la Universidad Autónoma Chapingo; es profesor investigador, coautor de los libros: Los depredadores, Plantea, 2017 y Análisis de la Macroeconomía y del Sector Externo de México, Universidad de Humboldt, Alemania; Complutense, Madrid, España, 2018. Ha escrito infinidad de artículos para revistas especializadas, miembro del SNI. Correo electrónico mardur6@hotmail.com