Desde el Centro

Por: Christian Vaslaf Santacruz Montealegre

Este domingo 10 de abril se llevará acabo la consulta de revocación de mandato, la cual se realizará en todo el país sin contar con la totalidad de las casillas establecidas en la ley, la causa la sabemos todos, no hubo presupuesto para la consulta. No cabe duda que este capricho presidencial costara millones de pesos al erario público, como si no hubiera mejores formas de gastar el dinero. Detrás de esta consulta, la cual es promovida por el Presidente López Obrador, y no por la sociedad civil como lo establece la ley, hay fines oscuros, como el debilitar al INE. Posterior a los resultados de la consulta tenga por seguro que se viene la batalla de todas las batallas en el ámbito político electoral en la historia de México, y es que lo que está en juego es la democracia. 

Ya lo dijo el presidente López Obrador, pasando la consulta de revocación de mandato propondrá una serie de reformas a la ley electoral, cuya finalidad es eliminar a los diputados plurinominales, además de someter a elección popular la designación de consejeros y magistrados electorales, lo anterior bajo el criterio y pretexto de buscar funcionarios electorales honestos. 

La propuesta consiste en que la presentación de las propuestas a magistrados y consejeros del INE correrá a cargo del poder ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales deberán ser votados por la ciudadanía, y el más votado fungirá como presidente del INE. La pregunta es, ¿Dónde diablos entra la ciudadanía en cuanto a proponer propuestas de consejeros electorales? Detrás de esta propuesta se encuentra el querer apropiarse de los órganos electorales, utilizando como herramienta el voto popular, es decir, mediante engaño popular. El INE requiere de personas con la preparación técnica suficiente para hacer frente a los retos que día a día se presentan, y esas personas no se consiguen mediante el voto popular, tan solo hay que ver los bodrios que eligen los ciudadanos para que determinen los destinos del país, de sus estados y municipios, para muestra hay que mirar hacia palacio nacional. 

Pretende centralizar los trabajos electorales, bajo el pretexto de federalizar las elecciones, pretende que sea el INE y no lo Organismos Públicos Electorales, quien organice las elecciones locales, de tal manera que su propuesta es más centralizadora y nada federalista, si fuese con la intención de federalizar los procesos electorales, tendría que fortalecer a los órganos electorales en cada estado, tal parece que está confundido en cuanto se refiere a federalismo.

Por otro lado, pretende realizar un recorte presupuestal al INE con el pretexto de ser un órgano sin confianza ciudadana y sobre todo caro para el erario. Hay que ser claros que quien no tiene confianza en el INE es el mismo López Obrador, quien pretende ahorcar mediante sus finanzas al INE para hacer incosteables sus facultades para de esta forma manipular al antojo las elecciones en México. Su desconfianza radica en que le estorba un árbitro electoral imparcial, quiere subordinados como la ministra de la SCJN, Loreta Ortiz Ahlf, quien ahora se dice ser imparcial pero que cuando fue diputada (por cierto plurinominal) fue de las más férreas aduladoras del señor que despacha en palacio nacional.

Por último, pretende desaparecer a los diputados plurinominales, tan solo hay que ver la clase de diputados de mayoría que dicen que legislan en cualquier congreso, llámese local o federal. Hay que reconocer que quienes llegan por la vía plurinominal en su mayoría son cuadros preparados para realizar el trabajo político legislativo, el cual no es cualquier cosa. En tanto que los de mayoría, muy pocas veces son los que levantan la voz o en algunos casos tienen conocimiento sobre derecho parlamentario. Además, los diputados plurinominales, son los que representan a las minorías partidistas, de tal forma que erradicarlos es darle un duro golpe a esas minorías que no alcanzaron conseguir diputados de mayoría, pero sobre todo es la manera de llegar a tener representación política para las minorías partidistas. 

Por último, la reforma política electoral que pretende López Obrador, tiene como finalidad enquistarse en el poder a como dé lugar, su sueño de convertirse en un ente dictatorial puede que se escape de las manos, por ello su insistencia de dañar al estado de derecho y sobre todo al árbitro electoral. El pensar en esa reforma significa un retroceso democrático de más de treinta años, todos los luchadores sociales que pelearon durante décadas por lograr un árbitro electoral, ciudadanizado, contar con representación política para las minorías en el congreso, contar con tribunales independientes del ejecutivo, y que fueron asesinados por el viejo régimen por llevar esas consignas caerían muertos de nuevo al ver la atrocidad propuesta por quien se dice ser un demócrata, pero que piensa como dictador de país bananero.