Desde el Centro

Christian Vaslaf Santacruz Montealegre

Hace unos días se hizo público un audio en el que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, habría negociado un acuerdo con el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, para evitar que se confirmara un amparo en el que se le otorgaría la libertad a la excuñada del fiscal.

En los audios hechos públicos el cuatro de marzo, se oye que el ministro de la corte, al parecer no cumpliría los acuerdos realizados con Gertz Manero, incluso se oye que este último señala al ministro de querer verle la cara de pendejo al fiscal general.

Y es que al parecer el ministro confirmaría un amparo para liberar a la ex cuñada del fiscal general. De inmediato reaccionaron los senadores del PAN, solicitando la comparecencia del fiscal para que aclare el contenido de los audios, vaya manera de exigir justicia y legalidad.

Lejos de que se apruebe la comparecencia del fiscal en el senado, el punto es grave. Más allá de lo que pudiera representar un pleito de carácter familiar, lo relevante es el acto de corrupción que representa el acto cometido por el fiscal, quien por cierto, fue nominado en el puesto por Andrés Manuel López Obrador, paladín de la lucha contra la corrupción.

Gertz Manero, no solo debe comparecer en el senado, debe renunciar al encargo y someterse a un procedimiento de carácter penal en su contra por el delito de tráfico de influencias, y se tiene que investigar hasta dónde, mediante su influencia, logró que jueces incurrieran en el delito de prevaricación y sobre todo por tener acceso al texto que intenta presentar el ministro en la resolución antes que la parte contraria, lo que supone un conflicto claro de interés.

El que el fiscal general de la república intente por sus influencias, presionar a los ministros para que atenten contra la libertad de una persona, es muy grave para el estado de derecho y la legalidad.

¿Qué dijo López Obrador? Que si el fiscal habla mal de los ministros es debido a que desconfía de ellos al igual que él, es decir le dio un fuerte espaldarazo al fiscal.

De tal forma que para López Obrador, la legalidad se puede pisotear, que el estado de derecho para eso es, para violarse y si no se está de acuerdo en el trabajo de los jueces, magistrados o ministros entonces hay que desconfiar de ellos.

El actuar de ambos, tanto del presidente como del fiscal sobre este caso, nos indica que las instituciones pueden ser usadas desde el poder con la finalidad de perjudicar los derechos humanos de terceros.

Es decir, que la certeza y certidumbre jurídica están ausentes cuando de litigar se trata contra alguien que se encuentra bajo la protección de la cuarta transformación.

Esta es la transformación, usar las instituciones en contra de los ciudadanos que no tienen el mismo poder que quienes si lo ostentan y sobre todo lo ejercen no obstante de faltar a la legalidad.

Con este caso se deja en evidencia que no solo el ministro de la corte quiere verle cara de pendejo al fiscal, sino que toda la élite de la cuatro T pretende hacerlo al resto de la ciudadanía, lástima que aún hay quienes se prestan a ellos.