PACIC remasterizado pone en riesgo la salud de los mexicanos, el sector agropecuario y el ecosistema.

Marco Antonio Durán Ruvalcaba

El pasado 4 de mayo el gobierno anunció con bombo y platillo el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), un programa que se dijo serviría para detener el alza en los precios, para defender a los más desprotegidos; en él se incluyeron apoyos de todo tipo, desde subsidios a alimentos, combustibles, fijación de tarifas administradas, congelación de servicio y apoyos de empresas y comerciantes para “garantizar precios justos en los productos de la canasta básica” la cual incluía 24 artículos.

En aquel entonces la inflación acumulada en el año (enero-abril) rondaba 3 por ciento y anualizada es decir (abril 2021-abril 2022) en 7.7 por ciento, sin embargo, hasta septiembre la tasa anual ronda 8.7 por ciento y la acumulada en el año en 6.2 por ciento.

Significa que el control de la inflación y el programa anunciado hace apenas cuatro meses fue un rotundo fracaso. No se cumplieron los objetivos planteados, tampoco se logró apoyar a los más desprotegidos. Lejos de dar certeza en el control de precios, los productos que se propusieron como fundamentales para proteger a las familias mexicanas, duplicaron o triplicaron su costo.

De acuerdo con el reporte de este viernes dado a conocer por el INEGI, los rubros que tuvieron un mayor peso o que contribuyeron más en la inflación anual, es decir, Sep 2021-Sep 2022, fueron: alimentos, bebidas y tabaco: 30.3%, vivienda: 22.1% y transporte: 14% del total. Tan solo los alimentos que son el principal consumo de la población tienen un alza anualizada de 13.38%, agropecuarios 10.41% y frutas de 14.2%.

Si los cálculos no fallan y la estadística no miente, entonces estamos frente a un gran problema debido a que los aumentos a los salarios por este gobierno y que tanto presumen, literalmente desparecieron por culpa de la inflación, considerando que, entre diciembre de 2018 y septiembre de 2022, el poder adquisitivo del peso en México ha bajado 25.5%. es decir que su dinero en ese lapso vale un cuarto menos o si prefiere verlo de otra forma, los bienes y servicios que compra valen un 25 por ciento más. Esto ya se explicó en alguna otra ocasión.

Vale la pena agregar que el plan de contención en los precios que se implementó, es limitado, pues consideran que mantener bajo control 24 productos de la canasta básica, apenas representa una cuarta parte de la inflación. Significa que falta controlar el otro 75% y eso es imposible.

Las medidas adoptadas eran de esperarse —aquí se dijo—, iban a traer más problemas que beneficios. Se documentó y se insistió que un control de precios ocasiona un mercado negro, el acaparamiento de productos, los subsidios se convierten en obstáculos además provoca un alza artificial en los bienes y servicios.

En la década de los 80’s se vivió la misma historia y terminó mal, pues el país registró una hiperinflación e inflación galopante, también una estanflación, que llevó a altos niveles de precios, sin crecimiento económico.

El resultado al igual que hoy fue un empobrecimiento por la pérdida del poder de compra de los mexicanos.

Y sin embargo, se repite la historia, se vuelve a proponer un plan y parece que no fue suficiente el fracaso de hace cinco meses, se insiste y se propone un nuevo PACIC 2.0, es decir un plan reinventado, pero con enormes fallas.

La más importante es que depende en mayor medida del control en las gasolinas, además se propusieron medidas que van en contra la salud de los mexicanos, el sector agropecuario y el medio ambiente; se ignoró la opinión de los sectores empresarial e industrial y sólo se invitó a una docena de personas y tiendas comerciales.

Grabriela Siller, analista de Banco Base considera que: “la efectividad del PACIC se ha concentrado en los precios de gasolinas, pero no ha sido gratis. En el año, el gobierno podría dejar de percibir cerca de 400 mil millones de pesos, lo que equivale a 1.2 veces el presupuesto de educación pública o 22.2 veces el presupuesto del INE”.

Y es que el subsidio a las gasolinas no se distribuye en forma equitativa pues apenas el 1.5 de las ventas se hace entre el decil (10%) más pobre, en tanto que el decil más rico consume el 32% de las gasolinas beneficiando de esa forma a los que más tienen.

Muy grave la propuesta de permitir la entrada sin medidas de control a los alimentos.

Ahora bien, eximir de registros sanitarios de SENACICA y COFEPRIS y dar permisos universales para la importación terminará seguramente en frijoles con gorgojos, maíz transgénico o huevos de baja calidad además de otras plagas que pueden ser perjudiciales o nocivas para las plantas, bosques y animales e incluso para la naturaleza en todo su ecosistema.

El sector agropecuario y de producción e industrialización de alimentos han advertido del gran riesgo que significa el ingreso sin previa verificación sanitaria.

Es una medida desesperada de este gobierno después de revelar la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y las sendas denuncias de Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre el gran fraude en SEGALMEX, denominado Seguridad Alimentaria Mexicana, creado por este gobierno para sustituir a la Compañía Nacional de Subsistencia Populares (CONASUPO) y que tenía la encomienda de ser la encargada de garantizar la compra de alimentos y regulación de precios en productos de la canasta básica.

Significa que el mecanismo creado y que supone sería el encargado de garantizar precios bajos para proteger a los sectores más pobres, falló y que no es casualidad que se haya invitado a tiendas comerciales y se inventen permisos para importar productos sin ningún control en perjuicio de todos los mexicanos y que ponga en riesgo su sistema alimentario.

La estafa multimillonaria que también incluyó a Diconsa y Liconsa; utilizó los recursos de manera fraudulenta en asignaciones directas a empresas fantasmas y no ha podido acreditar el uso de recursos por cerca de 9 mil millones de pesos, es decir, más que grande que el desfalco que significo la “Estafa Maestra” en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Se presume posible daño al erario público debido a las múltiples irregularidades: inventarios inexistentes, faltantes de maíz y de frijol, pagos por servicios y de subcontratación de personal que no se documentan y otros adeudos de exfuncionarios que no reporta registro.

El desfalco alcanzó a Diconsa y Liconsa en donde se reporta adquisición y pagos sin soporte documental de maíz, frijol, canasta básica, leche y subsidios de arroz, trigo y maíz, y pagos que excedieron el tonelaje o precio de garantía establecidos para esos granos y otros pagos sin acreditar.

Y que no se olvide tampoco que también se condonó el pago de impuestos a esas importaciones para no afectar su entrada en perjuicio del erario.

*Maestro y Doctor en Ciencias económicas por el IPN y la Universidad Autónoma Chapingo; es profesor investigador, coautor de los libros: Los depredadores, Plantea, 2017 y Análisis de la Macroeconomía y del Sector Externo de México, Universidad de Humboldt, Alemania; Complutense, Madrid, España, 2018. Ha escrito infinidad de artículos para revistas especializadas, miembro del SNI. Correo electrónico mardur6@hotmail.com