Puede un monopolio estatal ser eficiente y reducir los precios de la electricidad o crearía crisis económica

Marco Antonio Durán Ruvalcaba

Administrar empresas no es trabajo de ningún gobierno. Se ha demostrado a lo largo de la historia que los negocios en manos del Estado son un fracaso; terminan siendo una mala inversión, supone vicios, altos niveles de corrupción, escasa o nula rentabilidad y poco beneficio social.

En otras épocas el gobierno ha sido dueño de varios cientos de empresas. Ha Incursionado en las área bancaria, telefónica, hotelería, aseguradora, acero, fertilizantes, alimentos, turismo, médico, minería, agropecuario y hasta como terrateniente.

Se dice en broma, pero con mucho sentido, que México en otro tiempo era más socialista que los rusos, por la cantidad de empresas que llegó a tener en su poder.

Como ejemplo, para finales de 1980 y principio de los 90’s, el estado mexicano era dueño de 450 empresas y participaba en otra 54 que incluían ingenios, ferrocarriles, producción de energía, fábrica de bicicletas, textiles, autos y camiones, fideicomisos, organismos descentralizados, televisoras, teatros, restaurantes y equipos de futbol. Todos con grandes pérdidas.

Hasta como dueño de un cabaret: “el único en el mundo que perdía dinero”, contaba en sus anécdotas el ex secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog Flores.

En efecto, el ejemplo es el más ilustrativo de lo que pasa cuando un gobierno interviene en negocios que no domina o no son de su incumbencia. Asume ingenuamente que, si obtiene números rojos, no es pérdida, dado que el dinero no es suyo y las pérdidas se socializan entre la población.

No importa que se trate de un monopolio puro como el de Pemex que durante mucho tiempo fue productor, distribuidor y vendedor; quien fijaba la cantidad y precio de los combustibles. Todos los mexicanos padecimos en el pasado y hoy de nueva cuenta aparece el mismo fantasma.

Para entender lo que puede ser el monopolio y su ineficiencia tenemos que hacer un poco de historia sobre lo que fue la telefonía en México y el control absoluto del gobierno sobre Telmex.

Allá por la década de los 80´s contratar una línea para servicio privado o comercial era todo un suplicio, se tenía que solicitar y esperar hasta un año para ser instalada. No había lugares disponibles para conectar un simple cable; el dilema era esperar a que se ampliara la infraestructura o se diera de baja alguna línea por no pago.

Eso sí, al momento de contratar el servicio había que pagar instalación, un mes de adelanto y la compra de acciones para ser socio. Instalar la línea con rapidez, implicaba ofrecer mordida a trabajadores administrativos y operativos, se tenían que hacer los pagos oportunos o enfrentar la suspensión del servicio; una llamada local o de larga distancia nacional costaba un dineral y si era internacional podía perderse un ojo. No eran ilimitadas, era por minuto y la renta solo incluía unas cuantas al mes. Una descompostura o caída tardaba hasta meses en ser reparada.

Con la venta a los Privados (Carlos Slim), no cambió en mucho por algunos años hasta que fue obligada por órganos reguladores que aparecieron para sancionar sus prácticas abusivas.

La Ley Barlett.

Todo lo anterior viene al caso luego de que la nueva reforma eléctrica pretende que el estado mexicano vuelva a tener control absoluto del sector, con el peligro que significa su ineficiencia.

La ley propone que, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) produzca, distribuya y comercialice en todo el país la energía. Otorgando en consecuencia un monopolio y eliminado cualquier competencia, sacando del mercado a todos los privados y desparecer órganos reguladores: Comisión Reguladora de Energía (CRE), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), encargado del control operativo del sistema eléctrico y la red nacional de transmisión y de distribución.

Deja en manos de la CFE la fijación de precios a los consumidores, los costos de producción la cantidad a distribuir, la forma de producir, es decir, quitarle cualquier obstáculo.

Por supuesto que es un despropósito porque va en contra de cualquier ley económica y de competencia. La iniciativa no es cualquier cosa, se trata de un riesgo para los consumidores y la economía pues traería menor crecimiento y desarrollo, además de una mayor inflación.

Atenta contra el medio ambiente y la sustentabilidad. La reforma energética que promueve el gobierno quita la prioridad a las energías limpias —eólica, solar, hidráulica e hidroeléctrica—. De hecho, los datos confirman que los menores precios hasta en un 82 por ciento provienen de las plantas generadoras de electricidad vía paneles solares y turbinas de aire.

Sin embargo, la generación de energía a través de combustibles fósiles (carbón y combustóleo) que prioriza la reforma, además de contaminar, elevan los costos de producción eléctrica. Varios estudios, estiman que se incrementaría los costos de generación hasta 53 por ciento.

Además, va en contra de los compromisos adquiridos por México en Paris, de producir hasta 35 por ciento de energía a partir de fuentes renovables para 2024, con el fin de reducir el nivel de contaminación ambiental y en apoyo al cambio climático.

El peligro latente de no solo perder inversión extranjera, sino de pagar por indemnizaciones a los actuales proveedores, además de las fuertes inversiones gubernamentales que tendrían que hacerse para eficientar los procesos, porque los de CFE en este momento son obsoletos.

Para dar una idea, serían necesarios unos 10 mil millones de dólares para renovar las plantas de la CFE que son viejas, contaminantes y caras. Tan solo Estados Unidos ha emplazado al gobierno mexicano con reclamar una indemnización por otros 10 mil millones de dólares por violar sus derechos de inversión en energías renovables establecidas en el T-MEC.

Sin contar que el sector privado nacional y extranjero ha invertido aproximadamente 44 mil millones de dólares en generación eléctrica y que se tendrían que pagar.

Por si no fueran suficientes los problemas y costos económicos que implica, la misma ley Barlett contempla que los pasivos laborales de Pemex y CFE por poco más de 2.6 billones de pesos pasarían a ser deuda pública, es decir, con cargo a todos los mexicanos. Un Fobarpoa eléctrico.

En resumen, la CFE no cuenta con la capacidad para reemplazar esta generación de energía renovable. El uso de plantas de gas o combustóleo además de contaminar tendrían costos elevados que serían cargados a los consumidore con el riesgo de inflación o ser subsidiados.

Ambos casos serian peligrosos.

Ahora bien, algún día se e ha preguntado ¿Qué pasa cuando hay un apagón de luz?

Recientemente en la frontera —Tamaulipas y Chihuahua— sucedió un vento al dejar de funcionar las plantas generadoras de electricidad por algunas horas. Ese hecho propició que se pararan un centenar de fábricas maquiladoras y con ello la producción de bienes. Se cayó la telefonía, se dejó de bombear agua, no funcionaron bancos y las tiendas tuvieron que cerrar.

En Monterrey la semana pasada ocurrió lo mismo; los efectos fueron devastadores. Una ola de calor azota al estado y sin luz, la población sufrió por falta de acondicionadores, la ciudad quedó en caos por la falta de semáforos y agua.

Una parálisis total que se traducen en muchos millones de dólares en pérdidas y horas de trabajo. A esto se le llama productividad y la productividad está vinculada a la inversión y tecnología.

*Maestro y Doctor en Ciencias económicas por el IPN y la Universidad Autónoma Chapingo; es profesor investigador, coautor de los libros: Los depredadores, Plantea, 2017 y Análisis de la Macroeconomía y del Sector Externo de México, Universidad de Humboldt, Alemania; Complutense, Madrid, España, 2018. Ha escrito infinidad de artículos para revistas especializadas, miembro del SNI. Correo electrónico mardur6@hotmail.com