Precariedad y deterioro en las condiciones de trabajo; trabajadores vieron disminuir su ingreso a casi la mitad en los últimos tres años dada la competencia laboral.

Marco Antonio Durán Ruvalcaba*

Uno de los indicadores para medir el nivel de desarrollo o la pobreza de un país, sin duda son las condiciones de trabajo, misma que hoy dan cuenta de cómo ha retrocedido el nivel de ingreso de la población, pero también el deterioro en  las condiciones que laboran las personas. 

La Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo (ENOE,) que publicó, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el cierre de 2021 revela que 62 por ciento de las personas ocupadas no cuentan con prestaciones para acceder a instituciones de salud, esto es 6 de cada 10 trabajadores, si enferman no podrían ser atendidos en el servicio médico público o privado.

Significa que en medio de una pandemia como el SARS COV 2, la mayoría de los trabajadores mexicanos y sus familias, están totalmente vulnerables al no contar con algún seguro médico o apoyo económico para enfrentar la crisis.

Sin embargo, el gobierno ha creado un incentivo perverso, al establecer servicios de salud universales a través del INSABI, el cual, “permite a cualquier persona ser atendidos en centros de salud público sin costo alguno”, aunque no existe la capacidad en infraestructura hospitalaria, ni de soporte, es decir, médicos, enfermeras, camas, y/o medicinas suficientes.  

El bajo nivel de ingresos por la caída en sus salarios entre 2018 y 2021, es otro indicador que refleja la cada vez más precaria condición de trabajo. De acuerdo con  los datos más recientes sobre la ocupación, revelan que antes de 2018, el 16 por ciento de las personas ocupadas ganaban hasta un salario mínimo y para diciembre de 2021 aumento a 24 por ciento; en contraste los ocupados que ganaban de tres y hasta 5 salarios mínimos cayó de 13 a seis por ciento a fines del año pasado. 

Para 2018, el 28 por ciento de los trabajadores ganaban entre 1 y 2 salarios mínimos y para el cierre de 2021, se incrementó a 36 por ciento, mientras que los que ganaban más de 5 salarios disminuyó sensiblemente al pasar de 4.4 por ciento de los ocupados a 2.3.

Hasta diciembre pasado, un total de 37.1 millones (65.6%)de mexicanos ocupados, ganaban hasta dos salarios mínimos, pero si se compara con lo que pasaba en 2018, esto es, antes de este gobierno, los trabajadores que ganaban esa cantidad ascendían a 26.7 millones (49.5%). 

Lo anterior significa que los trabajadores vieron disminuir su ingreso a casi la mitad en los últimos tres años; que el personal ocupado con menor ingreso aumentó y los de mayores ingresos disminuyeron o bien, la pobreza laboral por ingreso creció en 10.4 millones de trabajadores en el periodo de referencia.

La baja del ingreso también va asociada a la informalidad; la información sobre el empleo y desempleo en México indica que, el año pasado se crearon 4.1 millones de nuevas plazas,de las cuales, 2.7 fueron en la economía informal y 1.4 millones en la formalidad.

Significa que por cada empleo formal que genera la economía mexicana, hay dos que se crearon en la informalidad, es decir sin ninguna sin prestación.

Tan solo en  diciembre de 2021, se perdieron 282 mil empleos formales y se generaron 737 mil en el sector informal, todo, producto de la crisis y la desaceleración económica, que está en el camino a una nueva recesión.

A esto se suma el abuso laboral, pues datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), revela que en México, las personas trabajan unas 2 mil 225 horas al año. Aunque la Ley establece 8 horas diarias, calcula que esta jornada se extiende hasta 11 horas en la formalidad y en la informalidad pueden ser aún más.

En donde más efectos negativos tiene el desempleo, es en el capital humanos desperdiciados: 1 de cada 2 mexicanos son jóvenes entre 25 y 44 años, en tanto que tres de cada 10 tienen entre 15 y 24 años, con esto  México pierde un bono poblacional muy importante porque además de juventud,tienen alta preparación educativa que ha sido pagada por el Estado.

De hecho, las personas con nivel superior —licenciatura o posgrados—,  se enfrentan a una dura realidad para conseguir un empleo; la encuesta dice que 57.1 por ciento de los desocupados cuenta con bachillerato o algún grado académico. La educación o especialización es una limitante en las aspiraciones de incorporarse al mercado laboral y de lograrlo, es con  un bajo salario. 

Los subocupados, es decir las personas que trabajan pero que están en la búsqueda de más horas, también forman parte de desempleo, estos suman 5.7 millones de personas hasta 2021 y representa el 10 por ciento de los desocupados que presionan al mercado laboral.

Al sumar la tasa de desempleo abierto (TDA) que es de 2.1 millones de personas (3.5%) y el empleo disfrazado 7.5 millones (11.2%), es decir aquellas personas disponibles para trabajar pero que no trabajan por considerar que no tienen posibilidades o desisten de su bejuqueda, nos da una tasa de desempleo extendido de 14.8 por ciento. 

La tasa de desempleo extendido es una forma más robusta o real de medir el desempleo, un indicador que dimensiona la situación del mercado laboral en el país.  

Y si al desempleo extendido,  se agrega la parte de los subocupados que buscan trabajo activamente 4.3 millones (6.5%) de persona, se obtiene la brecha laboral que es de 20.8% de la PEA, es decir  un concepto más amplio y real para medir la insuficiencia de trabajo en el mercado laboral.

*Doctor en Ciencias económicas por el IPN y la Universidad Autónoma Chapingo; es profesor investigador, coautor de los libros: Los depredadores, Plantea, 2017 y Análisis de la Macroeconomía y del Sector Externo de México, Universidad de Humboldt, Alemania; Complutense, Madrid, España, 2018. Ha escrito infinidad de artículos para revistas especializadas, miembro del SNI. Correo electrónico mardur6@hotmail.com