Ocultar, reservar velar, omitir o simular información, es eludir responsabilidad, propicia que se abuse de los recursos públicos o que se haga un mal manejo de ellos.

Marco Antonio Durán Ruvalcaba*

Un retroceso en materia de trasparencia y rendición de cuentas es lo que significa para los mexicanos el “decretazo”, es decir la Ley que otorga al Ejecutivo la posibilidad de blindar todos los proyectos que haga. O bien el acuerdo que clasifica las obras físicas y programas sociales de su gobierno como de seguridad nacional.

Peor resultó la negativa de la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero para promover la controversia constitucional por el decreto emitido hace dos semanas. En su opinión, carece de interés público para llevarlo ante la Superna Corte de Justicia de la Nación y que desde la perspectiva técnica la presentación es improcedente, pues no existe el principio de agravió.

Cosa que para muchos juristas es contrario a los principios que ella misma plasmo en 2011 cuando siendo ministra de la Corte se pronunció a favor de que el Senado impugnara el decreto para concluir el famoso “Apagón Analógico que había emitido Felipe Caldero.

¿Qué es lo que lo que motiva el cambio de posición ante un escenario similar? La lealtad al presidente por supuesto, no hay otro.

Los reclamos que hace el Instituto Nacional de Acceso a la información (INAI) —principal afectado con la medida—, organizaciones civiles, empresarios, para no caer en la opacidad o se afecte la transparencia y rendición de cuentas, poco interesan al Presidente.

Sin embargo, la transparencia es el principal instrumento de confianza; la falta de trasparencia es causa de la corrupción.

Sobra decir que López Obrador ha insistido en que gobiernos anteriores son responsables de todo lo malo que pasa hoy día debido a la corrupción. Ha dicho que la rendición de cuentas falló y eso ha sido motivo de pobreza, desigualdad, el factor que impidió el desarrollo económico y social de México.

Y no le falta razón, porque la apertura de la información es esencial para saber cómo y en que se gasta el dinero de los mexicanos, si es o no es necesario. La transparencia de la información gubernamental es indispensable para cualquier democracia. La trasparencia es el único mecanismo que sirve para medir o comparar numéricamente, todo, desde proyectos o gestiones, hasta economía y desarrollo.

La falta de trasparencia puede ser el motivo de especulación o de esconder de algo importantes, de discriminar o de que alguien se beneficie al amparo de la simulación o el ocultamiento.

Disponer de información es lo que maraca la diferencia entre conocer o no de inmediato cualquier problema que surja y que se den soluciones prontas y adecuadas.

Ocultar, reservar velar, omitir o simular información, es eludir responsabilidad, propicia que se abuse de los recursos públicos o que se haga un mal manejo de ellos.

El verdadero problema con la promulgación de este decreto, es que el interés personal de López Obrador, es superior al interés general, de los mexicanos y del país.

Dicho de otro modo, las cosas cambian y para el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, no importa a quien afecte o moleste, él ha decidido imponer nuevas reglas a fin de proteger su proyecto de nación. Para él es muy importante que nada detenga e impida los ambiciosos planes de infraestructura como el tren Maya, la refinería de dos bocas y lo que se le ocurra.

Violando principios constitucionales, emitió un decreto el 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, en el que emplaza a todas las dependencias que tengan que ver con sus proyectos para que se entreguen permisos provisionales en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud, sino hay respuesta, entonces se dará por entendido que se aceptaron.

Significa en términos llanos que su voluntad esta por, sobre todo, es decir, sociedad civil, la Ley, la Constitución, el país entero o quien se oponga. Se trata de evadir la rendición de cuentas.

El decreto considera que los proyectos pueden estar asociados a infraestructura en comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas, fronteras, hidráulicos, hídricos, medio ambiente, turísticos, salud, vías férreas, ferrocarriles, energéticos, puertos, aeropuertos y “aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.

Desde luego esta medida también protege sus programas sociales “sembrando vida y Jóvenes construyendo el futuro”.

Pero eso no es todo, hay que recordar que, en días pasado, el Presidente, envío al Congreso otra iniciativa en adición del artículo 54 bis de la Ley Orgánica del Ejército y las Fuerzas Armadas para crear una comandancia en la que el secretario, Luis Crescencio Sandoval, pueda delegar responsabilidades y atender actividades públicas y operativas de la Secretaría de la Defensa, esto es, un “Super secretario”, que vea, supervise y ejecute todas las misiones que ahora tienen.

El Ejército tiene la encomienda de cuidar las aduanas, puertos, integrar la Guardia Nacional, construir el Aeropuerto Felipe Ángeles, supervisar la construcción del tren Maya, combate al huachicol, operativos antiinmigrantes en las fronteras, otros como Gas Bienestar, atender damnificados, transportar vacunas y desde luego la seguridad nacional.

En las Fuerzas Armadas recae todo el peso del actual gobierno, de tal forma que incluso en una clara intromisión en la vida política del país, el secretario pidió a la población apoyar la cuarta transformación, violando el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para expertos nacionales y extranjeros delegar tanta responsabilidad en manos del Ejercito, es peligroso, es renunciar a funciones de un gobierno civil y permitir que se militarice al país.

Preocupante es el que a partir de la segunda mitad de esta administración se han radicalizado las medidas. Nunca ningún otro gobierno en épocas modernas se había atrevido a tanto.

El tema es que todo esto va en contra de la inversión por falta de certeza económica, política y legal. Impide que lleguen capitales.

*Doctor en Ciencias económicas por el IPN y la Universidad Autónoma Chapingo; es profesor investigador, autor de los libros: Los depredadores, Plantea, 2017 y Análisis de la Macroeconomía y del Sector Externo de México, Universidad de Humboldt, Alemania; Complutense, Madrid, España, 2018. Ha escrito infinidad de artículos para revistas especializadas, miembro del SNI. Correo electrónico mardur6@hotmail.com