Las sanciones serían de hasta 30 mil mdd, según el cálculo por los daños causados a EEUU y Canadá.

Marco Antonio Durán Ruvalcaba*

Las reiteradas violaciones e incumplimientos a los principios de acuerdos internacionales en el sector energético y eléctrico por parte del gobierno actual, dieron como resultado una petición de consulta al Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Hasta ahora sólo es una consulta que piden EEUU y Canadá ante los agravios cometidos por México en contra de inversionistas en el sector energético de esos dos países, pero que puede terminar con una dura sanción para el país en caso de llegar a un panel de controversias y perder.

Y es que los socios comerciales de México en el T-MEC llegaron a su límite ante la protección desmedida del gobierno al sector energético y eléctrico al querer modificar mediante reformas la Ley para convertir en un monopolio de nueva cuenta a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en perjuicio de competidores nacionales y extranjeros. 

Los argumentos que se esgrimen en esta disputa son los de siempre: pérdida de soberanía nacional, abusos de extranjeros, aprovecharse de los recursos nacionales en perjuicio de los mexicanos, etc. reclamando incluso que el T-MEC no está por encima de la Constitución.

Sin embargo, hay que recordar que fue el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, del gobierno de Enrique Peña Nieto y Jesús Seade, como comisionado y representante del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador quienes negociaron el tratado comercial allá por 2018.

Después como Subsecretario para América del Norte y encargado de encabezar las negociaciones, Seade, leyó y avaló el convenio, para que López Obrador como presidente lo firmara y el Senado mexicano lo ratificara un 19 de junio de 2019, con una mayoría abrumadora de 114 contra 4 votos.

El 12 de diciembre, se aprobó el protocolo modificatorio y México fue el primero de los tres países en terminar con todo el proceso de ratificación.

Para los expertos en la metería no se viola por tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o Ley alguna, considerando que al ser ratificado el T-MEC por el Senado, pasó a ser parte de las leyes nacionales.

No hubo engaño, mala fe, abuso o trampa de los otros socios, sin embargo, México se ha valido de cualquier cantidad de argumentos para impedir la participación de jugadores en la explotación de petróleo y generación de electricidad.

Para Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, existe un trato injusto para las empresas de su país. Prueba de ello, por ejemplo: la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Federal de Competencia (CFC) han impedido cualquier posibilidad de invertir o participar en el mercado. Uno de los últimos intentos fue a mediados de este año, cuando la CRE negó permiso de generación por 678MW solares (Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas, Coahuila, Campeche, Hidalgo) y 200MW eólicos (Coahuila).

La Reforma Eléctrica a través del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) priorizó la compra de energía producida por CFE dejando en último lugar a los participantes privados.

Además, en materia energética, se han negado permisos para la importación de combustibles, revocado contratos para almacenamiento o transbordo del mismo y limitado la operación de nuevas gasolineras con el afán de proteger a Pemex.

Sin importar el medio ambiente y que se haya querido producir energías limpias a través de generación eólica, o solar, se ha impedido invertir, se han retrasado y denegado nuevos permisos incluso habiendo contratos vigentes. Por si no fuera suficiente, la Secretaría de Energía (SE) ha obligado a transportistas de gas natural que se abastezcan de la CFE o Pemex.

Se ha criticado y hasta multado a empresas como OXXO por producir su propia energía mediante paneles solares. Se sacó y demandó a la empresa española Ibedrola. Se ha acusado de traición a la patria desde Palacio Nacional a cualquiera que disiente.

Se ha insistido en producir energías con combustibles fósiles o carbón para favorecer a la CFE. No hay forma de convencer al Presidente que los compromisos se cumplen y que en caso de seguir violando los acuerdos se tendrá que asumir consecuencias muy duras.

Qué sigue después de la consulta.

El 20 de julio pasado se abrió la consulta que demandó EEUU y a la cual se agregó Canadá para formalizar la petición. A partir de esta fecha se tienen 30 días para integrar una agenda. La consulta tendrá un periodo de 75 días para resolverse.

Las consultas tienen el objetivo de trabajar para dar solución a los problemas antes de pasar a otras instancias. Autoridades de EEUU intentan conciliar y han dicho que tienen interés de avanzar hacia un futuro con energías limpias y competitividad para América del Norte.

Pero de no lograr algún resultado, México podrá pedir un panel de solución, que en términos del T-MEC, es un panel de controversias establecido el artículo 31:13 y 31:15 del tratado. El objetivo es encontrar soluciones a las diferencias o interpretaciones a las reglas expuestas en el acuerdo o también cuando considere que hay un incumplimiento o violación a los compromisos del Tratado.

Para ello deberá reunirse un panel de expertos de los tres países que analizan y examinan el problema tratando de encontrar soluciones amistosas o crear mecanismo que contribuyan a destrabar la disputa.

Se cuenta con un periodo de 300 días para que el panel entregue las conclusiones y la formulación de recomendaciones. De persistir la inconformidad se llevará a votación por mayoría. La sanción para el país perdedor según las reglas, serán equivalentes al perjuicio causado.

De acuerdo con el ex Secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, en caso de que EEUU gane la controversia se podrían imponer aranceles a México hasta por un monto de 30 mil millones de dólares que es el calculo del monto al daño ocasionado.

La sanción seria muy dolorosa para las exportaciones mexicanas, pues son uno de los dos motores económico del país y representan una tercera parte de la economía nacional. No solo es el monto si no el daño causado a la economía de México.

Es importante señalar que de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia el problema o la sanción podrá dirimirse en algún tribunal internacional.

Para muchos dada la actitud de López Obrador y la ligereza del gobierno actual, existe el temor de pedir la salida al Tratado Comercial, cosa que de todas formas no seria inmediata y se llevaría un periodo de entre seis meses y un año para poder abandonar el acuerdo.

Maestro y Doctor en Ciencias económicas por el IPN y la Universidad Autónoma Chapingo; es profesor investigador, coautor de los libros: Los depredadores, Plantea, 2017 y Análisis de la Macroeconomía y del Sector Externo de México, Universidad de Humboldt, Alemania; Complutense, Madrid, España, 2018. Ha escrito infinidad de artículos para revistas especializadas, miembro del SNI. Correo electrónico mardur6@hotmail.com